Constitución de la sociedad France SARL (Estructura Compleja)

El gobierno francés no impone ninguna restricción de nacionalidad o identidad a los extranjeros que registren una empresa francesa y no exige la residencia en la UE como director nominado.

Se requiere al menos un accionista para registrar una empresa francesa. Puede ser una persona física o una empresa. El gobierno francés no tiene ningún requisito o restricción sobre la nacionalidad o el domicilio legal de los accionistas de una empresa francesa.

Ambas son sociedades de responsabilidad limitada. Los estatutos de una SAS pueden redactarse con más libertad que los de una SARL, pero una SAS no puede ofrecer sus acciones al público.
Ambas deben depositar su capital en efectivo antes del registro.
El presidente (président) de una SAS se asimila a un asalariado a efectos de la seguridad social y solo cotiza por la remuneración que percibe; el gerente (gérant) de una SARL que posea más de la mitad del capital, contando el cónyuge o la pareja de hecho (PACS) y los hijos menores, es trabajador autónomo y debe cotizar aunque no perciba remuneración.

En una SARL francesa, en la práctica el 100% del capital social en efectivo debe desembolsarse antes de la constitución. El auditor de aportaciones (commissaire aux apports) valora las aportaciones en especie.

Depende de la jurisdicción. Algunas jurisdicciones, o los bancos que intervienen, exigen que cada accionista desembolse su aportación desde una cuenta a su propio nombre; otras regulan únicamente la cuenta que recibe el capital y la confirmación que acredita el pago; y algunas no prevén ninguna verificación del capital. Compruebe las normas aplicables a la sociedad antes de desembolsar el capital.

El capital social de la empresa pertenece a la empresa, no a sus socios, por lo que los socios no pueden retirarlo libremente tras la constitución. La empresa puede destinarlo a su actividad. Para devolver capital a los socios hay que seguir un procedimiento previsto en el derecho de sociedades aplicable, como una reducción formal de capital, y los beneficios solo pueden repartirse entre ellos mediante una distribución lícita.

No. A efectos del registro de la empresa, debe utilizarse como comprobante de domicilio una factura de suministros (luz, agua, etc.) en lugar de un extracto bancario. (Nota: para la apertura de cuentas bancarias sí se aceptan los extractos bancarios como comprobante de domicilio.)

Francia exige una traducción jurada/certificada realizada por un traductor jurado inscrito en Francia. Las traducciones ordinarias, o las realizadas por un traductor no inscrito en Francia, no se admiten y pueden ser rechazadas. Se necesita un servicio de traducción jurada inscrito en Francia cuando deban presentarse documentos extranjeros (por ejemplo, un justificante de domicilio utilizado en la constitución o en modificaciones).

Un extracto KBIS debe tener fecha dentro de los últimos 3 meses en el momento de la presentación. Un KBIS con más de 3 meses de antigüedad suele ser rechazado por el registro/la autoridad francesa.

Toda persona física que posea más del 25% de la empresa, o que la controle por otros medios, debe ser declarada como titular real (UBO). Esto se evalúa siguiendo la cadena de propiedad hasta la persona física última, incluso a través de una sociedad matriz cotizada. Si un nuevo informe financiero muestra posteriormente que una persona supera el umbral del 25%, la declaración de UBO debe corregirse y pueden requerirse documentos justificativos adicionales. En Malta, cuando todos los socios inscritos son personas físicas que no actúan como fiduciarios (trustees) ni en ninguna otra calidad fiduciaria, ninguna otra persona física posee o controla más del 25% de la empresa ni la controla por otros medios, y ningún alto directivo figura como titular real, el libro registro de socios hace las veces de registro de titulares reales y no se presenta una declaración de UBO aparte. En Malta, estas normas no se aplican a una empresa que cotiza, o que es propiedad indirecta al 100% de una empresa que cotiza, en un mercado regulado con requisitos de divulgación conformes con el Derecho de la UE o normas internacionales equivalentes.